Parte de la necesidad de una adecuada formación de los operadores del sistema de justicia desde un enfoque de género y derechos humanos, como una pieza indispensable para modificar las prácticas que naturalizan y perpetúan la violencia familiar y evitar la victimización secundaria e institucional.
Estas actividades apuntan especialmente a contribuir a la toma generalizada de conciencia sobre los derechos de las mujeres y a la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, fortaleciendo las capacidades de gestión relacionadas con la promoción y protección de sus derechos.